El desafío de la justicia fiscal en el estado español

30 octubre 2014 | Categorías: Opinión | |

Enric Llopis  –  Rebelión
El economista Jorge Amar (economista y coordinador de la comisión de Justicia Fiscal Global de Attac España), defiende una fiscalidad “justa” y “eficiente” en un acto de Podemos-Valencia

En un artículo publicado en diciembre de 2012 –“Mitos del pensamiento neoliberal-, el economista Vicenç Navarro criticaba algunos de los tópicos que sostiene el pensamiento económico hegemónico en el estado español: “Hay que favorecer a las rentas superiores pues son ellas las que ahorran e invierten, creando puestos de trabajo”; “la bajada de impuestos aumenta los ingresos al estado”; “el aumento del impuesto de sucesiones dañará la economía” y “las políticas de estímulo económico han tenido un impacto mínimo en la recuperación económica”. Con estos mimbres se teje la ideología dominante. Sobre uno de los puntos, la fiscalidad, ha versado la conferencia del economista y coordinador de la comisión de Justicia Fiscal Global de ATTAC-España, Jorge Amar, organizada por Podemos-Valencia.

¿Se pagan demasiados impuestos en el estado español? España ocupa el lugar número 12 dentro de los 19 países analizados por Eurostat, con una recaudación fiscal del 32,4% respecto al PIB, sólo superior a la de Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Letonia y Suiza. En el estado español se recaudan menos impuestos que en Portugal (36,1%) y Grecia (34,9%). El país que encabeza la ratio es Dinamarca (48,6%), seguido de Bélgica (46,7%), Francia (45,9%), Finlandia (43,6%), Italia (42,8%), Alemania (40%), Holanda (39%) y Gran Bretaña (37,8%).

Otro lugar común del neoliberalismo consiste en achacar la crisis actual a los excesos en el gasto público y la ineficacia en la gestión estatal. Pero los gráficos y las tendencias no avalan esta tesis. La clave estaría, más bien, en el desarme impositivo del estado. Según los datos de Eurostat, la recaudación de impuestos en el estado español representaba el 37,6% del PIB en 2006; aumentó, en plena época de bonanza, al 38% en 2007, pero con el pinchazo de la “burbuja” inmobiliaria y la entrada en fase recesiva, la recaudación descendió en 2009 al 31,6%. En Europa se ha mantenido, por el contrario, una línea constante. La media de los 17 países de la Unión Monetaria era del 41,2% del PIB  en 2006, del 40,4% en 2009 y el 40,8% en el año 2011. En la UE (27), el porcentaje era del 40,7% en 2006 y del 40% en 2011.

El cuestionamiento básico de la política fiscal dominante pivota, así, sobre un primer eje, la sequía recaudadora, pero también sobre el sujeto de pago. Es decir, quién paga y quién se inhibe de cumplir con las obligaciones fiscales. Jorge Amar se remite al estudio “El hueco que deja el diablo: Una estimación del fraude en el IRPF con microdatos tributarios” (Universidad de Zaragoza), publicado en mayo de 2014 por Félix Domínguez Barrero, Julio López Laborda y Fernando Rodrigo Sauco. El trabajo no deja lugar a equívocos. El grado de cumplimento con Hacienda de los rendimientos del trabajo es del 104,86%, pero en los rendimientos del capital mobiliario representa el 39,08%; un 45,53% en el caso del capital inmobiliario y algo más del 50% en el rendimiento de las empresas.

Más en detalle, los trabajos del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) apuntan al funcionamiento de las grandes corporaciones. 33 de las 35 empresas del IBEX  analizadas (el 94%) están presentes en paraísos fiscales. A la pregunta planteada por el Observatorio “¿se compromete la organización a cumplir con todas las leyes y regulaciones sobre obligaciones fiscales, y publica de forma transparente los impuestos pagados y las subvenciones recibidas en cada uno de los países en los que opera?” sólo respondió una de las corporaciones. Además, sólo dos de las grandes empresas han facilitado información de la política y estrategia fiscal; y una, de las exenciones y créditos fiscales.

Las corporaciones del IBEX poseían 437 empresas en paraísos fiscales en 2011 (354 en 2010 y 273 en 2009). El Banco de Santander contaba con 72 empresas en paraísos fiscales (el doble que en 2009); ACS, 71 sociedades (cuatro veces más que en 2010). Además, el BBVA presentó en 2011 unos beneficios de 3.770 millones de euros, pero pagó en concepto de impuesto de sociedades 285 millones de euros (un 7,55%). Según el RSC, 17 sociedades de Inditex operan en paraísos fiscales y 15 de Telefónica.

Los informes del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) abundan en la misma idea. Las grandes empresas pagan de media, según esta fuente, hasta cinco puntos porcentuales menos por el Impuesto de Sociedades que las Pymes, por las “excesivas facilidades” para “minimizar e incluso eludir el pago de sus obligaciones fiscales”. Señalan que las grandes empresas cruzan en muchas ocasiones “la delgada línea roja que existe entre la elusión –uso abusivo de los instrumentos legales disponibles- y la evasión de impuestos”. Con las cifras en la mano, a estas corporaciones se les permite reducir el tipo nominal del Impuesto de Sociedades del 30% al 17%, lo que supone, incluso, una tributación inferior a la de buena parte de sus empleados en el IRPF.

“Esto crea una evidente desigualdad fiscal frente a la carga del 22% de gran parte de las microempresas y el 20% de las pequeñas empresas (pese a partir de un tipo nominal inferior del 25%), o a la carga del 19% de las empresas de mediano tamaño”, subrayan los técnicos de Hacienda. Además, el tipo medio efectivo de las 105 mayores entidades de crédito se sitúa en el 16,08%, casi seis puntos menos que las microempresas. Otra cuestión es la aplicación torticera de la legislación tributaria, cuando pasa por alto que grandes fortunas constituyan sociedades con el objetivo de reducir su carga tributaria.

En cuanto a los ejemplos concretos, resaltan las corporaciones dedicadas a las nuevas tecnologías. Un sencillo trabajo de hemeroteca basta para enunciar algunos casos. Según Carl Levin, jefe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Apple ha encontrado el Santo Grial de la elusión fiscal” al sacar partido de las contradicciones entre las normas de Irlanda y Estados Unidos. A la sociedad que gestiona las tiendas de Apple, según informaciones de El País, la declaración del impuesto de sociedades le salió en el año 2011 a devolver pese a que las ventas se habían multiplicado por 14. Mientras, los impuestos que gravan el consumo –el IVA- aumentaron en su tipo general del 18% al 21% y en el tipo reducido del 8% al 10%.

Jorge Amar ha criticado en el acto de Podemos-Valencia el “Guadiana tributario” que se constata en el estado español, por ejemplo, con el impuesto sobre el patrimonio, que desapareció en 2008, apareció de nuevo en 2012 y 2013, y finalmente desapareció en 2014. El economista ha defendido la necesidad de impuestos más “justos” y basados en la “progresividad”, es decir, “una hacienda pública que grave más a quien más tiene y no a quien menos; ¿por qué las grandes empresas pagan un tipo efectivo menor que las más pequeñas o las medianas”, se ha preguntado.

Otra cuestión es, según el coordinador de la Comisión de Justicia Fiscal Global de ATTAC-España, “¿por qué se bonifica con exenciones a los rentistas y se les aplica un tipo de gravamen inferior a los que producen, al tiempo que se gravan fuertemente los salarios?”. O “¿por qué se rescatan autopistas y se subvenciona la compra de coches, mientras se carga con impuestos a los que generan energías renovables? En conclusión, Jorge Amar se ha mostrado partidario de “eliminar las bonificaciones y exenciones al ahorro, el tratamiento ventajoso de los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario, incrementar el gravamen de la producción de ciertos servicios o productos (intensivos en carbono) y de la transmisión de la riqueza por donaciones o sucesiones”.

Además de medidas fiscalmente “justas”, el economista ha planteado en su intervención la necesidad de medidas “eficaces”. Para ello, se ha de contar con una “base impositiva amplia” orientada hacia impuestos ya establecidos, como Renta, Patrimonio y Sociedades, o la creación de nuevos tributos, por ejemplo, por la emisión de carbono y sobre usos del espacio o consumo de energía.

Además, “la Hacienda Pública ha de disponer de los recursos, tanto de personal como materiales y legales, para que la letra de la ley no se convierta en papel mojado. El estado español es el tercero por la cola de la Unión Monetaria Europea en ratio de funcionarios de hacienda (sólo Italia y Grecia se hallan en peor situación), con la mitad del número recomendado por la UE y sólo el 20% de estos se encargan de controlar a quienes efectúan el 70% del fraude”, concluye Jorge Amar.

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