“CETA: enemigo a las puertas. O cómo las élites económicas utilizan las instituciones para debilitar la democracia”.

21 enero 2017 | Categorías: portada | |

Gema Serón (ATTAC en Aragón) y Juan Carlos González (Manifiesto por el Socialismo)

Este sábado 21 de Enero tendrán lugar acciones contra el CETA en toda Europa. El CETA o “Acuerdo Económico y Comercial Global”, es un tratado de libre comercio e inversiones que la Unión Europea (UE) y Canadá han estado negociando desde 2009, y que en Febrero podría ser aprobado por el Parlamento Europeo. Si esto sucede, amplias secciones del tratado comenzarán a ser aplicadas provisionalmente, incluso aunque el CETA todavía no haya sido ratificado por las correspondientes Cámaras de los 28 Estados Miembros –algo obligatorio al tratarse de un acuerdo mixto, que aborda materias que no son sólo competencia exclusiva de la UE-.

Las preocupaciones que llevan a las organizaciones sociales, sindicales y políticas a manifestarse contra el CETA son muchas, porque este acuerdo no sólo tendrá impacto en casi todos los ámbitos de la vida de la ciudadanía europea, sino que implicará la institucionalización de mecanismos que debilitarán nuestras democracias en beneficio del capital y las transnacionales. Al igual que otros TLCs que se están negociando en la actualidad, el CETA no es un simple tratado comercial. Estos TLCs no se dirigen sólo a la reducción o eliminación de aranceles, sino que su principal objetivo es disminuir o eliminar lo que denominan “barreras al comercio”, que no son otra cosa que las normas y regulaciones que protegen nuestros derechos sociales, laborales y medioambientales.

En los últimos años la opinión pública ha comenzado a prestar mayor atención a los TLCs, esos acuerdos comerciales entre dos o más partes que generalmente han sido negociados con una gran discreción sin que esto pareciese molestar a nadie -a excepción de algunos expertos y de ciertas organizaciones internacionalistas o de cooperación para el desarrollo, que alertaban sobre sus peligros en base a los efectos en otros lugares del planeta-.  El reciente incremento de la movilización contra los TLCs debe agradecerse al TTIP: tras las filtraciones que pusieron en evidencia la opacidad de las negociaciones, las agendas de las corporaciones y sus estrategias, y los riesgos para el mantenimiento de los actuales estándares sociales, laborales o medioambientales, una parte de la ciudadanía europea retomó las críticas hacia estos acuerdos que ponían en peligro el ya de por sí deteriorado “modelo europeo” y que parecían dirigirnos a un escenario nada halagüeño para las de abajo.

En un contexto de crisis económica y en medio de una reconfiguración de las relaciones de poder entre élites a nivel global, dichas élites no han podido evitar el descenso de su tasa de ganancia –ocasionada por un desarrollo descontrolado y competitivo de las fuerzas productivas-, por lo que no han parado de buscar posibles vías para contrarrestarla. Así, los TLCs son utilizados como una herramienta privilegiada para asegurarles beneficios: se promueve la liberalización de servicios, se establecen mecanismos para evitar que los servicios privatizados vuelvan a ser públicos, se favorece la concentración cada vez mayor del capital (monopolios, especialmente preocupantes en lo relativo a la financiarización), se ofrece a los inversores extranjeros la posibilidad de recurrir a tribunales privados de arbitraje -saltándose así  la Justicia pública-, y se facilita que las corporaciones tengan participación directa en los espacios diseñados para decidir cómo se genera la nueva normativa avanzando en una especie de privatización legislativa (en el caso del CETA, el Foro de Cooperación Reguladora). En resumen, un marco a la medida del capital y de las transnacionales. Un paso más en la extensión de un modelo alérgico a la democracia, en el que las alternativas políticas que puedan revertir esta situación son vistas como un enorme riesgo a evitar.

Todo esto ni siquiera implica procedimientos ilegales, sino que se basa en la instrumentalización de las instituciones de una democracia europea excesivamente representativa a la que “se pierde de vista” en ciertos niveles supranacionales, a lo que se suma la capacidad de coacción económica de esa élite económico-política.  Desde nuestro punto de vista podríamos decir que son procesos “ilegítimos” porque no velan por el interés público, pero desgraciadamente quienes toman esas decisiones han sido seleccionados por los actuales gobiernos.

Aunque quienes se beneficiarán de este tipo de acuerdos pretenden convencer a la opinión pública con los falsos mitos del empleo y el crecimiento, en el presente caso del CETA la propia Comisión de Empleo del Parlamento Europeo (EMPL), tras criticar la absoluta falta de atención a las pymes, ha manifestado que este acuerdo podría generar la pérdida de más de 200.000 empleos en Europa y que aumentaría la brecha salarial, algo que también ha sido señalado por expertos y por organizaciones sociales y sindicales. Esto no es motivo de preocupación para las élites económicas, porque precisamente buscan obtener beneficio a base de seguir reduciendo salarios y de vender productos de primera necesidad de mucha peor calidad -transgénicos, hormonas, pesticidas, alimentos que no pasarán los controles actuales…- y para cuya producción habrán conseguido también reducir sus costes gracias a la agroindustria o a la mecanización, por ejemplo (arrasando con las pequeñas y medianas empresas generadoras de empleo, que serán incapaces de competir en ese contexto a no ser que estén muy especializadas). Un negocio redondo.

Sin regulaciones adecuadas, todo es posible para las clases dominantes. En estos días, mientras la élite global se reúne en el Foro Económico Mundial de Davos, un informe de Oxfam Internacional alerta de que 8 personas poseen la misma riqueza que el 50% de la población mundial. Aunque este dato pudiera contener algunos errores metodológicos en su cálculo, nos sirve para ejemplificar la recurrente tendencia del capital a concentrarse, que dibuja un preocupante panorama internacional con la desigualdad como rasgo protagonista. Esto es posible no por la ausencia de leyes (ni por la ficción del libre mercado) sino por la existencia de leyes que favorecen desproporcionadamente a la clase dominante.

El CETA es un buen ejemplo del tipo de arquitectura que están desarrollando. Las clases dominantes nos llevan ventaja en la construcción de un sistema global a su servicio -lex mercatoria- al que no somos capaces de controlar ni de pedir que rindan cuentas, quedando sus obligaciones en el ámbito de la voluntariedad. De todo esto se extrae el deber que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, no sólo de oponernos a estos avances del capital, sino de organizarnos para combatirlos con una perspectiva de lucha internacional. Es una tarea inmediata avanzar en la construcción de una organización que sea capaz de dar respuesta global a estos ataques, cada vez más feroces. Nos jugamos mucho: un orden global expoliador a la medida del capital y las transnacionales o un futuro en el que la democracia, la transparencia, el interés público y la defensa del medioambiente deban ser prioritarios. Por eso seguiremos luchando, por eso nos veremos este sábado en las calles.

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