En qué se parecen las leyes de Montoro a los planes de ajuste del FMI

20 marzo 2017 | Categorías: portada | |

Los planes estructurales impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a países como Grecia y las legislaciones que regulan la economía de los ayuntamientos parecen lejanas y diferentes. Pero existen similitudes que demuestran que las dos son “recetas” de un mismo plan.

Como si se tratara de un “plan de salvación”, a principios de 2012, el ministro de Hacienda Cristobal Montoro, recién entrado en el Gobierno y extendiendo la modificación del artículo 135 de la Constitución al ámbito municipal, aprobó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Haciendas Locales y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, conocidas como las Leyes Montoro. Estas leyes no han hecho más que empeorar la situación de las administraciones públicas que han recibido esas “ayudas”.

Por otro lado, las políticas aplicadas a los países del sur de Europa por parte de la Troika no son fruto de la casualidad ni del estudio pormenorizado de la situación de esos países. Estas recetas son las mismas que se han aplicado a los países de África y América Latina en las últimas décadas. Los resultados también han sido los mismos: empobrecimiento de la ciudadanía y de las administraciones públicas frente al enriquecimiento del sector privado y sobre todo de la gran banca. Esas recetas son ahora aplicadas a los municipios mediante las Leyes Montoro.

El techo de gasto, los recortes y las exigencias de cumplimiento del déficitHacienda no permite que los municipios gasten más de lo que gastaron en el 2012, año de duros recortes, más un mínimo incremento relacionado con el crecimiento del PIB. Muchos de esos ayuntamientos han mejorado sus ingresos en los últimos años hasta alcanzar superávit en sus cuentas, pero ese techo de gasto establece que los municipios no pueden usar esos recursos en aumentar el gasto social o generar políticas de crecimiento o de creación de empleo. El ministro de Hacienda obliga a los municipios a gastar ese dinero en amortizar deuda financiera. Adelantar la deuda que se le deben a los bancos. El Ayuntamiento de Madrid ha amortizado de manera adelantada 100 millones de euros en lo que llevamos de 2017, mientras Montoro amenaza al gobierno de Manuela Carmena por superar el techo de gasto en 17 millones de euros a la vez que incrementa el gasto social en más de 200 millones.

A nivel nacional, vemos como las exigencias del cumplimiento del déficit por parte de Bruselas condicionan los presupuestos del Estado y nuestras políticas. Las políticas adoptadas para cumplir las exigencias del déficit aplicando medidas de austeridad provocan que un año tras otro fallemos en el cumplimiento de ese mismo déficit y por lo tanto que se nos exijan nuevos recortes año tras año. Bruselas exige que España recorte 5.500 millones en los presupuestos de 2017 por no cumplir este déficit.

Tasa de reposición, imposibilidad de contratar y las reformas del sector públicoSin duda, una de las máximas neoliberales siempre ha sido la reducción del tamaño del Estado para dar paso a la gestión privada de lo que hasta ahora ofrecían las administraciones públicas. Los planes de ajuste estructurales y las “reformas del sector público” aplicados por la Troika a Grecia y otros países siempre llevan el condicionante de la disminución del tamaño de la plantilla pública y el cierre o privatización de los servicios públicos para abrir la puerta a las empresas privadas.

En este caso la Ley Montoro funciona exactamente igual. Mediante la tasa de reposición, con la que se prohíbe remplazar el personal funcionariado que se jubila, y la prohibición de contratar empleados nuevos tienen las mismas consecuencias que los planes estructurales del FMI. Los ayuntamientos se ven imposibilitados para contratar cuando tienen una necesidad de personal y tiene que recurrir a empresas privadas, en muchos de los casos, una opción más cara para el contribuyente. Por si fuera poco, hace unos meses Montoro envió cartas a miles de ayuntamientos pidiendo el cierre de empresas públicas o mixtas, provocando que las administraciones locales sigan decreciendo a base de privatizaciones en favor de las empresas privadas que se reparten el pastel de gestionar esos servicios.

El dinero barato del BCE, los mercados y el Plan de Pago a Proveedores

“Haré lo que sea necesario para salvar el euro”. Esas fueron las palabras que pronunció Mario Draghi, presidente del BCE, antes de repartir miles de millones de euros a la banca privada para que “fluyera el crédito a familias y empresas”. Pero no fue así, ya que los “mercados”, que no son más que el mismo sistema financiero que habíamos rescatado, prefirió coger ese dinero del BCE al 0,25% y especular con la deuda y con la prima de riesgo de los países que pasaban por una dura crisis económica. España se ha endeudado más de 400.000 millones de euros en los últimos años, llegando a pagar tipos de interés de más del 6% cuando la prima de riesgo superaba los 500 puntos.

Una vez la prima de riesgo empezó a disminuir gracias a que Draghi inundó Europa de euros, los mercados se quedaron sin los beneficios que le daba especular con la deuda de esos países. Pero la Ley Montoro también tenía una solución para ello: el Plan de Pago a Proveedores (ppp).

El plan daba la opción a los municipios a sacar todas las deudas y facturas que tenían en los cajones, muchas de ellas ilegales, y a unificarlas en un mismo préstamos con un banco. De ese modo, los bancos prestaban ese dinero que obtenían del BCE al 0,25% y lo prestaban a los ayuntamientos a tipos de interés entre el 5 y el 6%. Préstamos que por otro lado están avalados por el Gobierno central, igual que muchos de los préstamos de la banca al BCE, y por lo cual no tienen riesgo alguno ya que el Ministerio de Hacienda paga directamente a los bancos si el municipios no puede pagar sus cuotas del préstamo y acto seguido se lo descuenta de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE).

La soberanía cada vez más lejos de la ciudadaníaTodos estas medidas impuestas, ajustes impuestos a cambio de préstamos o la pérdida del control sobre sus recursos que sufren tanto los municipios como los estados tienen una consecuencia común y que responde de igual manera a las máximas capitalistas: la pérdida de soberanía por parte de la ciudadanía.

A cambio de esas “ayudas” recibidas, los municipios ven como el uso de sus presupuestos, su principal herramienta política, se ve engrilletada por las imposiciones de estas leyes. De ese modo se pierde la soberanía de hacer políticas locales que puedan cubrir las necesidades de su ciudadanía, de la misma manera que los países rescatados pierden su soberanía económica y se ven imposibilitados para usar su presupuesto en invertir de la mejor manera para poder paliar la situación que atraviesan.

Los ayuntamientos cumplen, el Gobierno central noAunque sí existe una diferencia clara entre los ajustes impuestos por la Troika a España y los de Montoro hacia los municipios. Los municipios están cumpliendo pero España no lo hace. El mismo Gobierno que asfixia a los ayuntamientos para que cumplan los parámetros económicos antes comentados, sigue fallando a la hora de cumplir las exigencias que llegan desde Bruselas. Mientras los municipios cumplen su techo de gasto y reducen deuda, España no ha conseguido cumplir las exigencias de déficit y sigue incrementando sus niveles de endeudamiento superando el billón de euros, equivalente a un 100% del PIB. No olvidemos que la deuda total de los municipios representa menos del 5% de la deuda total de las administraciones públicas. Lo que pone más en evidencia la necesidad de que los municipios -y el Gobierno central- recuperen la soberanía que otros organismos superiores les han robado.
Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?En-que-se-parecen-las-Leyes

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