La Red Agua Pública denuncia el apoyo del PNV y Nueva Canarias a la disposición adicional 25 de la ley de presupuestos: los saldos pactados con el PP limitarán la autonomía municipal e impedirán antidemocráticamente la remunicipalización de los servicios

30 mayo 2017 | Categorías: portada | |

La Red Agua Pública (RAP), en la rueda de prensa que tuvo lugar esta mañana en Madrid, analizó el estado del debate de la Ley de Presupuestos Generales para 2017, resaltando que, una vez que el 4 de mayo se rechazaron las enmiendas a la totalidad gracias al pacto conservador del Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, se pasó a debatir en la comisión de presupuestos las miles de enmiendas parciales que se presentaron y que sufrieron el rodillo de este pacto, al que se sumó el representante de Nueva Canarias para garantizar la mayoría que se necesita para rechazar la gran mayoría de las que presentaron los otros grupos políticos presentes en el Congreso. Ante esta situación, son muchas las enmiendas parciales que se votarán en el Pleno que tendrá lugar a partir de hoy lunes 29 de mayo para decidir definitivamente su tramitación parlamentaria.

Una de estas enmiendas parciales que se votarán, es la relativa a la Disposición Adicional vigésima séptima, para la cual la Red Agua Pública (RAP) presentó en su momento a los diferentes grupos del Congreso una enmienda de supresión por entender que atenta contra la autonomía municipal al impedir la incorporación como empleados públicos a los trabajadores de las empresas privatizadas, impidiendo, en la práctica, que se materialicen procesos de remunicipalización de cierta envergadura, con un volumen de trabajadores considerable. La RAP incidió, además, que esta Disposición atenta contra los derechos laborales de los trabajadores y restringe drásticamente la democracia en tanto que los ciudadanos o sus representantes electos no podrán optar por modelos de gestión públicos una vez hayan sido privatizados, quedando condenados a sufrir el oligopolio de las tres multinacionales que hacen negocio con el Derecho Humano al agua y el saneamiento.

La RAP puso en evidencia los aspectos técnicos de la Disposición Adicional vigésima séptima que justifican su radical posicionamiento en contra, a la vez que denunció sus potenciales efectos en las dinámicas de remunicipalización en marcha o en ciernes en numerosas ciudades del estado español, máxime cuando muchas de ellas se plantean para superar situaciones de inequidad, falta de eficiencia en los servicios privatizados o para superar procesos de corrupción. Especial mención se hizo a los casos de remunicipalización de Valladolid -donde el gobierno del Partido Popular llegó a recurrir el proceso-, Terrassa y Barcelona que, de producirse, cambiarían la tendencia privatizadora que se ha experimentado en España a partir de la crisis.

Se resaltó que la oposición a la Disposición Adicional se ha manifestado ampliamente en el ámbito municipal, donde se han presentado mociones en numerosos ayuntamientos pidiendo su retirada, como en el caso de Madrid, Sevilla, Cartagena, Murcia, A Coruña, Pamplona, Bilbao, Mérida, Algeciras, Lleida, entre otros.

También se evidenciaron las inconsecuencias de los representantes de Nueva Canarias y del PNV al apoyar esta Disposición Adicional toda vez que están directamente relacionados con la administración local; el de la primera es concejal del ayuntamiento de Las Palmas, mientras que en el caso de la segunda formación, gobiernan en numerosos municipios entre los cuales, como en el caso de Vitoria Gasteiz, están planteados potenciales procesos de privatización.

Más información:

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