Organizaciones aragonesas denuncian las condenas a los activistas saharauis de Gdeim Izik

27 julio 2017 | Categorías: Noticias | |

Diferentes colectivos aragoneses han firmado un texto de repulsa y defensa de los derechos humanos de los presos saharauis. Este jueves 27 de julio a las 18.30 horas, en plaza España, han convocado una concentración de repulsa hacia la condena del tribunal marroquí.

El proceso judicial de los 23 presos saharauis detenidos tras el desmantelamiento del conocido campamento de la Dignidad Gdeim Izik en 2010 concluyó con una sentencia que amplía las condenas ya emitidas por el Tribunal Militar. Durante los seis años y medio de duración del proceso, tres juristas aragoneses, en representación del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, han realizado un seguimiento del juicio y de las violaciones de derechos humanos sufridas por los presos a manos de agentes alauitas.

Las organizaciones Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui UM DRAIGA, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui del Altoaragon ALOUDA, ARAPAZ-MPDL-ARAGON, la Asociación de Amigos del pueblo saharaui Teruel LESTIFTA, la Acción Solidaria Ayuda al Pueblo Saharaui del bajo Aragón ASAPS, el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, Ingeniería sin Fronteras ISF, el Colectivo Universitario LEFRIG, la Asociación de la Comunidad Sáharaui en Aragón y la Delegacion Saharaui en Aragón expresan su rotundo rechazo ante “una nueva muestra de manipulación política de la justicia marroquí con fines de criminalizar la protesta del pueblo saharui”. Por ello, convocan una concentración de repulsa este jueves 27 de julio a las 18.30 horas en la plaza España junto a la Diputación Provincial de Zaragoza.

El texto íntegro del comunicado elaborado y suscrito por las diversas organizaciones aragonesas en apoyo a los presos políticos saharauis:

“El pasado 19 de julio el Tribunal de Apelación de Salé (Rabat-Marruecos) dio a conocer el fallo de la Sentencia condenando de nuevo a los 23 presos saharauis detenidos tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik en 2010.

El Tribunal ha fallado tras seis duros y largos meses de espera. En estos seis meses se ha suspendido el juicio más de siete veces y se ha desarrollado bajo un escenario lleno de irregularidades.

La condenas, que oscilan entre cadena perpetua y dos años de prisión, son casi idénticas a las del Tribunal Militar, se han vuelto a basar en casi su totalidad en las declaraciones de los imputados que realizaron cuando fueron detenidos en las dependencias policiales y militares.

Estas declaraciones, sin embargo, han vuelto a ser impugnadas de manera reiterada por la defensa de los acusados ya que éstos volvieron a denunciar ante éste Tribunal, en diferentes sesiones, que las firmaron mientras estaban siendo victimas de malos tratos y torturas y que nunca declararon tales afirmaciones.

Durante el Juicio y tras haberse presentado la Decisión del Comité para la Tortura de Naciones Unidas (CAT/C/59/D/606/2014) el Tribunal decidió averiguar sobre las mismas.

En esta Decisión se recomendó al Estado de Marruecos que investigase las denuncias de torturas que alegaban los imputados ya que de lo contrario estaba incumpliendo la normativa internacional, en concreto el Convenio Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; Convenio que el Estado de Marruecos esta obligado a cumplir por haberlo firmado y ratificado. En ésta Decisión Naciones Unidas detectó que un imputado, Ennaama Asfari, había sufrido torturas durante y después de su detención.

El Tribunal, se puede afirmar, que ha desoído la recomendación de Naciones Unidas y en un alarde de soberanía desacreditó la Decisión por no ser de obligado cumplimiento, negando y prohibiendo la intervención de expertos internacionales, objetivos e imparciales que la defensa ofreció para la investigación de las denuncias de torturas.

El Tribunal hizo una interpretación propia de la normativa Internacional, en concreto del Protocolo de Estambul, y en base a esa interpretación errónea y sui generis desechó la posibilidad de que las declaraciones fuesen nulas por haber sido firmadas bajo tortura, alegando que no se podía investigar que los imputados hubiesen sido sometido a torturas o tratos inhumanos y degradantes por el tiempo que ha transcurrido.

Si se hubiesen declarado nulas las declaraciones las acusaciones no se hubieran podido sostener por no estar contradichas por ninguna prueba más, lo que hubiera llevado o a la nulidad del proceso o a la absolución de todos y cada uno de los imputados.

Del resto de pruebas que se han presentado durante las sesiones se destacó la falta de garantías objetivas que den credibilidad a las mismas no habiéndose garantizado de ningún modo que las mismas no hayan sido manipuladas.

Tras conocer ésta decisión y tras haber podido asistir a varias sesiones de éste Juicio sólo podemos mostrar nuestro mayor rechazo y desaprobación hacia las condenas totalmente injustas que han recaído sobre los imputados.

Denunciamos la violación del derecho a la defensa de los condenados, las dilaciones indebidas que caracterizado ha este procedimiento, la falta de cumplimiento de las garantías procesales de un juicio justo; las irregularidades tanto de forma como de fondo que hemos podido presenciar y el incumplimiento de toda normativa internacional humanitaria de obligado cumplimiento, así como la falta de legitimidad del Tribunal por carecer de competencia territorial, habiendo sido rechazada la aplicación del IV Convenio de Ginebra y toda normativa Internacional a la que se ha apelado.

Por ello instamos a la Comunidad Internacional para que actúe con inmediatez y contundencia, se anule tanto el procedimiento como la Sentencia y sean puestos en libertad los presos saharauis que ya suman un total de más 6 años y medio de prisión”.

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