El Sistema de Protección Social en España 2017

3 agosto 2017 | Categorías: Opinión | |

Carlos Bravo Fernández  SinPermiso
La Secretaría Confederal de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras acaba de publicar un detallado informe sobre el sistema de protección social en España 2017, coordinado por Enrique Martín-Serrano Jiménez. Reproducimos en PDF el informe en su totalidad, adelantando la presentación que hace del mismo Carlos Bravo Fernández y algunas de sus propuesta de reforma urgentes del sistema. SP
El papel del Sistema de protección social en la reducción de la desigualdad: presentación

El modelo social que sucedió a la Segunda Guerra Mundial implicó un salto cualitativo en la forma de entender la idea de “igualdad” que hasta ese momento habían tenido las democracias liberales, y el papel del Estado en relación a ella. Se pasó entonces de una concepción estrictamente formalista, basada en el principio de igualdad ante la ley, a otra de carácter material que buscaba la reducción de las desigualdades por la vía de la intervención pública. El concepto de igualdad material se convirtió así en el eje de la acción pública y del debate político en torno a cómo procurarla.

La idea que subyace en el paradigma social inaugurado entonces consistía en que el crecimiento económico y la cohesión social deben ser un binomio indisociable, algo así como un concepto complejo que se retroalimenta constantemente. La raíz de esta apuesta por instrumentos públicos de redistribución está en la firme creencia de que la violencia extrema desencadenada (por dos veces) desde Europa durante la primera mitad del siglo XX tuvo en la desigualdad social y económica, si no su germen directo, el caldo de cultivo en el que creció y se multiplicó. Se constató entonces que los instrumentos tradicionales que se habían conformado para responder a aquel fenómeno no eran suficientes: básicamente un Sistema de Seguridad Social de aseguramiento que protegía apenas un puñado de contingencias (casi exclusivamente el accidente de trabajo y la vejez) de los trabajadores industriales, y postergaba al resto de riesgos y personas al cuidado de la beneficencia.

El Estado Social, que hoy conocemos comúnmente con la etiqueta de “Estado de Bienestar”, nació de esta manera como la fórmula de la que se dotó la acción pública para conseguir un objetivo muy concreto: lograr la integración social de las personas que viven en un lugar dado. Tal integración se consigue a través de la cohesión social, reduciendo las desigualdades con medidas que ayuden a la redistribución de la riqueza.

Se superaba así la formulación previa de Estado asistencial que sólo actúa sobre las bolsas de pobreza más extrema desde la beneficencia, y ahora pretende una actuación mucho más ambiciosa, interviniendo de forma integral sobre todas las capas de población y en las principales esferas económicas y sociales, a través de derechos sociales y económicos. El Estado de Bienestar, además de utilizar instituciones concretas de actuación, inaugura una estrategia de acción consistente en impregnar de este objetivo la orientación de todas las políticas públicas que acomete (empleo, educación, protección social…).

En este marco, el sistema de protección social, y las figuras de actuación de las que se dota, adquiere una función estratégica (aunque no exclusiva). Hemos de tener presente que la distribución de la riqueza se da así en un doble plano. El primario, a través del trabajo y el salario. Y el secundario, a través de la fiscalidad y el gasto social, donde se ubica el sistema de protección social. Los mejores resultados se consiguen cuando ambos niveles se dan de forma sucesiva. Pero sería un error entenderlos como niveles alternativos, obviando el papel que tiene el trabajo y el salario, y articulando las medidas de redistribución de la riqueza exclusivamente desde el nivel secundario, sólo con medidas de protección social.

Podemos definir la protección social como la cobertura solidaria de las necesidades básicas. Esto es, cuando dichas necesidades son cubiertas por unidades distintas de los hogares (en este caso el Estado) y su  financiación se realiza de modo que el reparto de cargas, si lo hay, sea solidario y no estrictamente proporcional al riesgo (esto es, sin coste para el beneficiario o con un coste inferior al de mercado, de manera que se garantice el acceso a toda la población). Las prestaciones pueden reconocerse en forma de prestación económica o mediante una prestación en especie o servicio.

Los riesgos o necesidades que dan origen a las prestaciones sociales más comúnmente reconocidos por la literatura científica son los de enfermedad, invalidez, incapacidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, vejez, supervivencia, maternidad, cargas familiares, fomento del empleo, desempleo, vivienda, educación, y la pobreza. Todos ellos cabrían a su vez, compilarse en cuatro grandes ámbitos de protección: la sanidad, el desempleo, las pensiones y los servicios sociales.

El diseño del sistema de protección social que disfruta España responde a esta lógica, aunque no siempre lo parezca y no solamos recordarlo.

En este esquema de protección social destaca la importancia que se conceden a las prestaciones económicas de garantía de renta (pensiones, desempleo, rentas mínimas), junto a determinadas prestaciones en especie (principalmente atención sanitaria, seguida muy de lejos por los servicios sociales). Este esquema es el que articula los instrumentos en los que el Estado Social se apoya en la práctica para conseguir su objetivo.

Se trata de un sistema de protección social que a lo largo del tiempo ha consolidado un nivel de cobertura significativamente elevado, si bien no alcanza a cubrir la totalidad de necesidades que tiene nuestra sociedad, ni tampoco todos los ámbitos de actuación. Aunque no resulte menor, por ejemplo, el hecho de que el sistema de salud tenga una cobertura universal entre los ciudadanos españoles y 14 millones de personas (1 de cada 4 habitantes) reciban mensualmente una prestación económica de la Seguridad Social.

Sin embargo, se trata de un sistema que ya de por sí presentaba importantes carencias, que la crisis y los efectos derivados de las políticas económicas que se han implementado para hacerle frente no han hecho sino acentuar. Entre ellas destacan tanto las lagunas de cobertura que ofrecen ámbitos de actuación muy significativos (desempleo, rentas mínimas, servicios sociales) como lo irregular de la intensidad de algunas de sus prestaciones (donde es claro que la su ciencia de las mismas se ha conseguido más en unos casos que en otros).

El presente informe tiene como objetivo analizar cómo se han comportado en el último año los principales ámbitos de actuación de nuestro Sistema de Protección Social, con especial atención a los elementos que han contribuido a fortalecer o debilitar su actuación. Así como, en definitiva, ayudar a evaluar en qué medida ha sido capaz, o no, de responder al objetivo prioritario de ayudar a reducir las desigualdades que presenta nuestra sociedad.

Algunas ideas para corregir el sistema (Conclusiones del informe)

Es evidente que necesitamos reforzar nuestro sistema de protección social tradicional, no sólo porque se han demostrado sus graves carencias frente a la crisis, sino porque, incluso en momentos de crecimiento económico, adolece de profundos problemas estructurales que limitan su eficacia. No obstante, las reformas parciales que parten de lo que ya existe, suelen tener una probabilidad de éxito muy superior a las pretensiones de reforma integral y sistémica que abogan por los cambios absolutos y radicales, que rara vez terminan por acometerse.

En este marco de reforma, la prioridad debería ser doble. De un lado, resolver los vacíos de cobertura o lagunas que el sistema de protección presenta, y que, como ya hemos señalado de forma reiterada, son especialmente graves en el caso de la protección por desempleo. De otro lado, reforzar la intensidad de las prestaciones en la lógica de garantizar la su ciencia de las mismas a la hora de atender los objetivos que para las mismas se han marcado.

Debemos tener en cuenta que cualquier nueva pieza que definamos debe ser diseñada de forma que encaje adecuadamente con los equilibrios que actualmente ordenan el sistema de protección social (naturaleza de las prestaciones contributiva y asistencial, requisitos de acceso, condicionalidad, cuantías de las prestaciones). De modo que la modificación que se precise en cualquiera de ello, tenga en cuenta la necesidad de adecuar el conjunto del sistema garantizando su coherencia.

La cobertura de las lagunas de protección debería abordarse desde una visión unitaria y universal que permita, desde un marco de cooperación entre las Administraciones central y autonómicas, generar sinergias desde un marco de actuación acordado y que respete los ámbitos competenciales que ambas Administraciones tienen.

Un sistema de protección social, cuya orientación es la de contribuir a la igualdad de la sociedad, debe aspirar a la universalidad de su cobertura. Pero en tanto esto se produce, al menos, debería establecerse una programación temporal que priorice la atención de los colectivos en mayor riesgo: desempleados sin prestaciones, familias con hijos menores a cargo, hogares sin ingresos o con carencia material severa,…

Un primer paso para establecer el nuevo mapa de cobertura precisaría de la elaboración de un mapa exhaustivo de prestaciones públicas, en la idea de que pudiese servir de base para realizar una propuesta de reordenación. Ello posibilitaría, por ejemplo, la corrección de posibles duplicidades y ayudaría a la optimización de esfuerzos entre administraciones. Un ejemplo lo encontramos en la proliferación de numerosas prestaciones que protegen otras tantas situaciones similares (especialmente visible en el caso de la protección familiar), pero de cuantías muy bajas.

Respecto de la intensidad de las prestaciones, cabría también hacer varias reflexiones. Una primera relativa a la naturaleza de las mismas. Como hemos visto, nuestro sistema se articula muy mayoritariamente alrededor de prestaciones económicas, y dentro de las mismas, sobre las que tienen como objetivo servir como garantía de renta. Sólo la atención sanitaria y, en un plano claramente menor, los servicios sociales rompen esta pauta.

Cabría en este sentido hacer una reflexión sobre las posibilidades que ofrecen las prestaciones en especie, en forma de servicios, o prestaciones económicas vinculadas al acceso a los mimos. A este respecto, la experiencia ha señalado que las prestaciones directas en forma de servicios concretos son mucho más e caces, mientras que las prestaciones económicas vinculadas suelen derivar en meras ayudas que, para ser efectivas, terminan precisando de un nivel de renta complementario del beneficiario que no siempre se garantiza.

En relación a la su ciencia de las prestaciones, especialmente en el caso de las de naturaleza económica, debemos tener en cuenta la conveniencia de mantener el equilibrio entre los ámbitos contributivos y asistenciales del sistema (que responden a diferentes objetivos, el primero como sustitución de salario y el segundo como garantía básica), articulándolo siempre desde la su ciencia de las prestaciones que se constituyan como básicas. En este sentido parece razonable que sea la prevención del riesgo de pobreza relativa el umbral mínimo sobre el que debería descansar el conjunto del sistema.

Por último, debemos poner en valor todo lo que funciona bien en nuestro sistema de protección social, que no es poco, aunque no sea suficiente. Destaca entre todo ello haber sido capaz de superar el estigma histórico que asociaba el empobrecimiento a los mayores de 65 años, y en el que el papel de las pensiones ha sido clave. Aprendamos de lo que hemos sido capaces de construir alrededor suyo, desde sus instrumentos de protección hasta los marcos de cooperación administrativos, políticos y sociales desde los que se han conformado, y orientémoslos a los ámbitos de protección que hoy son prioritarios. Es posible hacerlo.

PARA EL INFORME COMPLETO EN PDF, AQUI

 

Carlos Bravo Fernández, Alfonso de Lara Guarch, Hortensia García Pardo, Rubén Herranz González, Enrique Martín-Serrano Jiménez, Carlos Moreno Santos, Fernando Puig-Samper Mulero, Agustín Reoyo Jiménez, Mario Sánchez Richter, son miembros de la Secretaría Confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO

Fuente:

http://www.ccoo.es/00bb08ac38b31df2259343646122346c000001.pdf

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