Campaña contra el impuesto de contaminación del agua

20 octubre 2017 | Categorías: Noticias | |

El Gobierno de Aragón va a cobrar a la población de Zaragoza un nuevo Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) a partir de los consumos que se realizan en viviendas y locales. Sin embargo, al estar ya pagando la depuración de las aguas residuales al Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 1993, a juicio de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), “este tributo supone pagar dos veces por el mismo servicio”.

Para este colectivo, “las cantidades que se pretenden recaudar en Zaragoza se necesitan para cubrir los enormes costes que suponen la construcción y la explotación de las depuradoras que el Gobierno de Aragón ha licitado en los últimos 15 años para tratar las aguas del 22% de la población de Aragón, según lo previsto en el Plan de Saneamiento y Depuración”.

Una reciente auditoría de la Cámara de Cuentas de Aragón, confirma que ese Plan soporta una serie de deficiencias que han provocado que el coste de depuración en Aragón prácticamente duplique la media del Estado español y, por tanto, que el esfuerzo impositivo que se exige a la población aragonesa sea mucho mayor de lo que soportan en territorios similares.

“La Cámara de Cuentas estima que el Plan gastará 3.209 millones de euros en el periodo 2014-2045, y para recaudar esas cantidades las tarifas deberán crecer a un ritmo de un 3,7% anual, lo que supone que en Zaragoza se recauden casi 543 millones de euros en los próximos 32 años. Es decir, 17 millones de euros al año, o lo que es lo mismo, 24 euros por habitante y año”, advierten desde RAPA.

José Ángel Oliván, representante de RAPA, explicaba que el ICA no es sino la teórica forma de financiar el Plan de Saneamiento de Aragón que deriva de la Ley de Aguas. “Un Plan que el propio Tribunal de Cuentas ha dictaminado que ha sido un auténtico desastre de gestión, en el cual se han cometido sobreprecios, sobrecostes, etcétera”, apostillaba.

Para Oliván, el Gobierno de Aragón que diseñó el Plan de Saneamiento y la Ley Aragonesa (PSOE-PAR), “perpetró una agresión hacia los intereses de los ciudadanos a través de la forma de financiación de este Plan”.

“Lo diseñó desde el principio como un impuesto y se llamaba Canon de Saneamiento para ocultar la realidad, pero siempre ha sido un impuesto. La diferencia es que el impuesto no tiene finalidad, diga el Gobierno lo que diga. No hay impuestos finalistas, ningún impuesto es finalista. Los impuestos son una forma con la que se financian los gastos generales de las Administraciones Públicas”, añadía Oliván.

De esta forma, continuaba el representante de RAPA, “el dinero del ICA va a la caja común de la DGA, paga también evidentemente el Plan de Saneamiento, pero puede pagar otras cosas. Y cada año, en la Ley de Presupuestos que aprueban las Cortes, se puede establecer una tasa o tipo de pago para el impuesto que puede tener relación con la contaminación o no, y por lo tanto establecer el propio Gobierno una forma de autofinanciarse o sobrefinanciarse sobre la base de un impuesto ecológico”.

Por ello, y a pesar de su nombre, tal y como reconocen desde este colectivo, el ICA no es ningún impuesto (no se cobra en función de la capacidad económica personal), sino una tasa por la prestación de servicios de servicios de saneamiento y depuración, “por lo que no debería aplicarse en poblaciones como Zaragoza, donde se depuran los vertidos desde hace muchos años”.

“Tampoco es ‘ambiental’ –subraya Jesús Samperiz, representante de RAPA-, porque su tarifa no favorece el ahorro de agua, aplica bonificaciones sin tener en cuenta la carga contaminante y exime a actividades de contaminación difusa. Es decir, tiene un mero afán recaudatorio”, matiza.

En opinión de RAPA, desde el Instituto Aragonés del Agua (IAA) ya no se pueden hacer las cosas “peor”. “Denuncia una mala actuación del Ayuntamiento, cuando se ha colaborado en todo momento para transferir la información con la máxima calidad posible que evite problemas a los contribuyentes”, recalcan.

“Denosta las críticas que se hacen al impuesto y al Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, tachándolas de “confusas” y “agresivas”, y achacándolas al Ayuntamiento de Zaragoza, cuando son la mayoría de los agentes sociales de la ciudad quienes se oponen, basándose en las conclusiones de la Cámara de Cuentas de Aragón”, añaden.

Asimismo, “tiene una imperdonable falta de respeto para con los ciudadanos de Zaragoza, enviando directamente los recibos del ICA sin una información previa, como se ha hecho en el resto de Aragón”.

Además, “utiliza a su antojo la legislación tributaria enviando comunicaciones sin notificación expresa del alta en el padrón del impuesto, y ajustando la periodicidad de facturación a su antojo para evitarse reclamaciones de los contribuyentes”.

Ante esta situación, desde la Red de Agua Pública de Aragón se oponen “tajantemente” a que se aplique en Zaragoza y en Aragón “un impuesto cuya tarifa va a ser cada vez mayor que el anterior para sufragar un Plan desproporcionado e ineficiente que debería revisarse antes de exigir más esfuerzo a la población”.

Por último, informan de su intención de articular una campaña de oposición a este impuesto buscando el mayor consenso social posible. Para comenzar, han convocada una asamblea ciudadana en Zaragoza, el próximo jueves 26 de octubre a las 19.00 horas en la Sala Venecia (Lasierra Purroy 8), para explicar todo el proceso que se pondrá en marcha.

FUENTE

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EL GRAN ENGAÑO” que analiza el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración

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