PP y C’s utilizan la Mesa del Congreso para ‘secuestrar’ más de 30 leyes con las que no están de acuerdo

24 noviembre 2017 | Categorías: Opinión | |

Son proyectos de ley aprobados por la Cámara Baja cuyo plazo de enmiendas se prorroga continuamente retrasando así su debate en comisión. La mayoría son iniciativas de carácter social, como la subida del salario mínimo, la derogación de la ley mordaza o la recuperación de la justicia universal. 

El Partido Popular utiliza una doble zancadilla para lograr este parón legislativo. Por un lado, desde el Gobierno, que ha vetado más de 40 iniciativas en un año sirviéndose de su capacidad para bloquear proposiciones de ley que, en su opinión, supondrían un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios. Y, por otro, desde su grupo parlamentario en la Mesa del Congreso, donde más de 30 proyectos de ley cuyas tomas en consideración han sido aprobadas en el Pleno llevan meses atascadas. En este segundo caso, los conservadores unen fuerzas con Ciudadanos y utilizan la mayoría que tienen en la Mesa ampliando semanalmente el plazo de enmiendas de ciertas iniciativas para evitar que se empiecen a debatir en comisión.

En lo que llevamos de legislatura, el Parlamento sólo ha sacado adelante cinco leyes

La mayoría de ellas, además, tienen que ver con derechos sociales. Por ejemplo, la propuesta para mejorar la ley de Dependencia, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) lleva desde abril atascada en la Mesa del Congreso, con 24 prórrogas del plazo de enmiendas. La proposición de ley que ERC presentó a principios de año para recuperar la justicia universal suma 26 ampliaciones, y la de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para subir progresivamente la cuantía del salario mínimo interprofesional acumula 34 y está parada desde finales del año pasado.

Este bloqueo en la Mesa del Congreso hace, por tanto, que iniciativas contrarias a las políticas del Gobierno permanezcan en vía muerta a pesar de haber sido aprobadas por mayoría en el Pleno. Por ejemplo, a finales de 2016, el Parlamento aprobó la derogación de la ley mordaza con el único voto en contra del PP, que la sacó adelante en solitario en 2015. Pues bien, las dos iniciativas —una de derogación del PSOE y otra de modificación del PNV— que consiguieron un apoyo mayoritario en el Pleno están atascadas en la mesa desde el mes de abril con 23 prórrogas cada una.

La reforma de la ley que permite al Tribunal Constitucional suspender a cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones (propuesta por el PNV y aprobada por el Congreso a finales de 2016) ha visto ampliado su plazo de enmiendas en 31 ocasiones y la proposición de Ley Orgánica sobre la represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos (del Grupo Mixto) lleva atascada más de dos meses. Sin embargo, El récord de prórrogas lo tiene una propuesta del Parlamento valenciano para reformar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que lleva en stand by desde noviembre de 2016.

El Congreso denuncia los bloqueos al Constitucional

Precisamente para evitar que el PP tapone de este modo la aprobación de las leyes con las que no está de acuerdo (a pesar de contar con el apoyo de la mayoría de los grupos), el PSOE presentó el pasado junio una proposición de ley que actualmente está pendiente de debate. La propuesta de los socialistas plantea que el reglamento regule sólo dos ampliaciones de enmiendas por una duración máxima de 15 días, y que pueda haber una tercera ampliación siempre que lo soliciten dos grupos parlamentarios que, además, tengan la mayoría absoluta en la Cámara.

Por otra parte, el pleno del Congreso aprobó recientemente la toma en consideración de una reforma del Reglamento de la Cámara Baja presentada por Unidos Podemos que pretende poner coto a la capacidad del Gobierno para vetar iniciativas legislativas de las comunidades autónomas y de los grupos de la oposición. De hecho, la Cámara baja ya defendió ante el Tribunal Constitucional que los vetos del Gobierno a leyes de la oposición deben ser “excepcionales”. La proposición de ley, que contó con el apoyo de la mayoría de partidos a excepción del PP y Ciudadanos, que votaron en contra, propone modificar los artículos 111 y 126 del Reglamento para establecer un protocolo claro con los requisitos formales a los que debe someterse el Gobierno para justificar su veto.

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