Cuatro decisiones políticas para cambiar el modelo productivo

Cuatro decisiones políticas para cambiar el modelo productivo

Por Ignacio Muro

Si las buenas ideas, las más adecuadas a cada momento, se impusieran por medio del contraste y del diálogo desinteresado, el mundo hace siglos que sería otra cosa. Pero, desgraciadamente, no son las mejores ideas las que, después de una pugna intelectual limpia, acaban siendo asumidas por todos. El viejo Marx nos avisaba de la existencia de una lucha desigual, en el que los grupos y clases dominantes se las apañan (con sus medios, con su fuerza, con su capacidad de comprar y seducir) para convertir en dominantes las ideas que justifican sus intereses y poder.

Mirando al presente, una cosa es lo que el mundo necesita y otra lo que saldrá de esta crisis. Una cosa lo que España necesita y otra el camino que resulte de la batalla de influencias partiendo de la desigualdad de fuerzas de los que defienden una cosa y la contraria, aunque a veces utilicen parecidas palabras.

Lo que España necesita es caminar hacia una economía más proxima, con un centro de gravedad más cercano que de un salto hacia una economía de más calidad, con unas empresas más inclusivas e innovadoras, más nuestras. No es nada ilusorio. El espíritu del momento nos ofrece una oportunidad de integrar tres objetivos en un remozado proyecto de pais:  el primero es disminuir la desigualdad social, verdadero handicap al desarrollo; el segundo, aumentar el musculo de nuestro sistema productivo y el tercero, mejorar el gobierno de las empresas creando climas laborales mas inclusivos y favorecedores de la innovación.

De alguna forma son retos que afectan a la denominada predistribución de las rentas, que son también exigencias institucionales para cambiar el  modelo productivo. En esa dirección, se plantean cuatro actuaciones concretas que son un ejemplo de ideas (otras muchas hay en otras facetas del cambio necesario) que muestran otra forma de afrontar los retos actuales.

A.- Creación de un Fondo Soberano para Inversiones Estratégicas

La definición y apuesta por sectores estratégicos exige reforzar la conexión entre impulsos públicos e interés general. Y ello requiere un nuevo consenso sobre el papel del sector público en estos momentos dotándole de un blindaje institucional suficiente y adaptado a las normas comunitarias.

Significa “repolitizar” la lógica pública pero no en el sentido partidista sino como  impulso de políticas publicas, siguiendo la lógica de la policy anglosajona. Requiere precisar qué sectores merecen un tratamiento prioritario (automóvil, sanidad, tecnológicas, agroalimentación, industrias creativas…), qué rol se le concede al capital público en este momento, qué exigencias comporta y cómo avanzar en el buen gobierno durante y después de pasada esta crisis, qué cuotas merece la pena conservar y en qué sectores y cuáles no.

La creación de un Fondo Soberano para Inversiones Estratégicas parece el instrumento financiero más adecuado para ese impulso, al tratarse de una fórmula muy utilizada por socios europeos desde la crisis del 2008, pues sus objetivos no priorizan obtener altas rentabilidades inmediatas sino garantizar una rentabilidad durante un largo periodo de tiempo, aunque sea más moderada. Esa estrategia ha permitido a Francia o Italia establecer alianzas y participaciones cruzadas con otros fondos soberanos (Noruega, China, Qatar…)  y captar capital tecnológico.

B.- Capitalizar los sacrificios no solo las aportaciones dinerarias

La desigualdad de los programas públicos (Alemania, Francia y los países centrales están multiplicando el tamaño de los programas de apoyo a sus empresas respecto a España) tendrá efectos perniciosos para la competitividad de los países del sur. De un lado, hace que peligre la libre competencia en el mercado interior de la UE. De otro, resulta evidente que las empresas alemanas podrán competir con muchas más ventajas que las españolas e italianas y agravar la desindustrialización del sur.

España debe compensar esas desventajas con un planteamiento social más abierto y decidido y acercarnos así a las prácticas inclusivas que aportan un plus de competitividad a las empresas alemanas y centroeuropeas. De alguna forma, se trata de encontrar formas de flexibilidad interna que resuelvan los ajustes sociales mediante una capitalización adicional a las compañías españolas. Es decir, mediante la monetización de sacrificios a cambio de participación y consenso en las decisiones estratégicas.

Dicho de otro modo: si para evitar despidos hubiera que asumir pérdidas salariales transitorias se debería fomentar soluciones por las que los trabajadores pudieran capitalizar esa renuncia y articularlo como aportaciones a un fondo social que permita monetizar ese sacrificio y capitalizarlo en acciones. Ese paso facilitaría la musculación de grandes empresas ubicadas en sectores estratégicos y estabilizaría y democratizaría el núcleo de poder corporativo mediante la participación de los trabajadores, colocándolo a salvo de OPAS agresivas.

Una vez saneada la economía, esas acciones podrían ser colocadas, o no, en el mercado, recuperando parcial o totalmente lo aportado, como cualquier accionista,  o retenidas parcialmente por los trabajadores como forma de consolidar la participación en “sus empresas”.

Esa participación podría instrumentarse a través de una sociedad intermedia como hacen los planes ESOP, tan populares en EEUU y los países anglosajones. Se trata de una medida especialmente adaptada para las PYMES como reconoce la UE en la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de enero de 2014.

Permite desarrollar un esquema inmediato de blindaje del sistema productivo y de supervivencia evitando sean adquiridas por empresas extranjeras sin incentivos a mantener la localización productiva mientras se prepara, a medio plazo, el relevo generacional en empresas familiares mediante la transmisión de la sociedad a los empleados.

C.- Fortalecer el estatuto de las empresas públicas

Es el momento de fortalecer el modelo de empresa pública que tenemos en España,  excesivamente subsidiaria y débil en la defensa de los intereses nacionales y excesivamente fácil de adaptar a los intereses partidistas del gobierno de turno. No podemos olvidar el vergonzoso caso de Endesa, empresa pública nacional de energía, que, siendo un actor estratégico de un sector crucial,  fue primero privatizada para acabar luego siendo una filial de la empresa pública de energía de otro país, Italia. La consecuencia de ese prodigio de desnacionalización es conocida: lo primero que hizo ENEL fue vaciar las arcas de la tesorería de su filial Endesa.

Las empresas públicas, (con participación de capital público de cualquier nivel municipal, regional, estatal) deben estar obligadas a escalar en las máximas cotas participativas y, al tiempo, ser vanguardia en modelos de gestión eficientes y profesionales para otorgar la máxima estabilidad y coherencia a los proyectos públicos. Esa nueva visión requiere, por supuesto, incorporar a las organizaciones del sector público dosis masivas de talento si se quiere que ejerza liderazgo en la recuperación.

Hay que impulsar una administración profesional que reinterprete “lo público” desvinculándola del planteamiento burocrático y centralizado desarrollada en el siglo pasado: la propiedad pública se debe identificar ahora con “participación social” lo que significa una gestión democrática realizada por los principales involucrados en su proyecto: principalmente sus trabajadores pero también proveedores, consumidores y otros representantes de la comunidad. Definiendo en cada caso la participación en el gobierno de aquellos “stakeholders” que sean identificables y representativos.

Pueden arbitrarse dos lineas de actuación: una solución pasaría por la definición de “contratos de empresa” en los que se acotase el interés público buscado y el control de sus resultados, con indicadores globales de creación de valor.  Otra, podría consistir en organizar el interés general desde la figura de Fundación que tiene la facultad de blindar su misión presentada como la ‘voluntad del fundador’, un recurso más armado que la mera descripción del objeto social incluido en los estatutos. Conviene recordar que es una fórmula empleada por muchos grupos relevantes, tanto en España (Mapfre, El Corte Ingles, Caixabank…) como en otros países europeos.

D.- Incentivar la reinversión productiva de los excedentes

El sistema impositivo español descarga su peso especialmente sobre los impuestos al trabajo mientras alivia la carga impositiva sobre las empresas. La subida de tipos en el Impuesto de Sociedades es una tarea inaplazable.

En este momento, sin embargo, tan importante es aumentar los recursos públicos como incentivar las decisiones que mejoren la capitalización de las empresas y la inversión productiva sobre el reparto de dividendos. Dada la complejidad de la coyuntura, parece conveniente combinar la subida de tipos con otras medidas que compensen parcialmente sus efectos mediante desgravaciones para los beneficios no repartidos.

Un camino sería multiplicar la denominada “reserva de capitalización” que permite reducir la base imponible del ejercicio en un porcentaje (hoy del 10%) del incremento de los fondos propios. De forma que las empresas que intensificaran los recursos productivos vieran compensados una parte significativa de la subida de tipos del impuesto.

La conclusión es evidente: ideas hay. Solo falta que seamos capaces de captar apoyos suficientes hasta convertirlas en tareas de gobierno, que no es poca cosa.

Ignacio Muro, Economista. Miembro de Economistas Frente a la Crisis. Experto en modelos productivos y en transiciones digitales. Profesor honorario de comunicación en la Universidad Carlos III, especializado en nuevas estructuras mediáticas e industrias culturales. Fue Director gerente de Agencia EFE (1989-93). @imuroben

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